La guerra perdida contra la droga

Tres ex presidentes latinoamericanos reclaman una nueva estrategia para combatir el narcotráfico y sus secuelas de violencia y corrupción

ELPAIS.com  -  Internacional - 26-03-2009

Por José Miguel Larraya -  Madrid

Durante décadas, la violencia en América Latina estuvo asociada a la insurrección armada y a la represión militar de la revolución. Hoy, con los antiguos guerrilleros ocupando despachos oficiales, otro fantasma ocupa el escenario: la violencia armada asociada al tráfico de drogas. Una violencia que alimenta un negocio multimillonario, que extiende la inseguridad y el miedo en grandes y pequeñas ciudades, que drena recursos ingentes a los Estados.

Y lo peor: lejos de remitir, se multiplica y amenaza la estabilidad de los Gobiernos. Tres ex presidentes latinoamericanos -Fernando Henrique Cardoso, de Brasil; César Gaviria, de Colombia, y Ernesto Zedillo, de México- han certificado, en un amplio documento, la derrota de las fuerzas del orden en su guerra contra las drogas. Ello no significa que hayan levantado la bandera blanca frente al crimen organizado. Reclaman una nueva estrategia política y policial que surja de un amplio debate social al que convocan a todas las fuerzas sociales del continente. Y exponen sus datos y argumentos en el documento Drogas y democracia: hacia un nuevo paradigma, redactado por la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, que forman 17 destacadas personalidades independientes. Reclaman un nuevo enfoque, con menos énfasis en la represión y más en política sanitaria y educativa. E incluyen una recomendación -la descriminalización de la tenencia de marihuana- que por su reclamo mediático puede eclipsar una reflexión de mayor alcance.

Los hechos reseñados son abrumadores: después de años de lucha, América Latina sigue siendo el mayor exportador mundial de cocaína y marihuana, y ha comenzado a producir opio, heroína y drogas sintéticas. Además de exportar, los países del continente han incrementado sus niveles de consumo. El aumento del crimen organizado ha generado un crecimiento de los niveles de violencia que afecta, sobre todo a los pobres y a los jóvenes (ver cuadro adjunto); la corrupción del sistema -políticos, funcionarios, jueces y policías- criminaliza la política, desafía a los Gobiernos, y se infiltra en las instituciones democráticas. La ofensiva militar desencadenada por el presidente de México, Felipe Calderón, contra los carteles de la droga de su país es el mejor ejemplo de la gravedad del problema.

El documento de 47 páginas (www.drogasydemocracia.org) ofrece datos sobre el fracaso de la política de represión. “A pesar de que los niveles de aprehensión, tanto en los países exportadores como en los importadores, hayan presentado aumentos considerables, ellos no afectaron a la oferta final ni aún al precio del consumidor. Por el contrario, el precio de la cocaína presenta una tendencia dominante de caída, en tanto el producto aumenta su grado promedio de pureza”. En el negocio de la droga, los beneficios para el crimen organizado se reparten, además, de de desigual manera. El informe citado refleja los precios efectivos por kilogramo.

El semanario británico The Economist, en su edición del pasado 7 de marzo, arrojaba cierta luz sobre cómo estan organizadas las redes de narcotráfico en el Reino Unido, el país europeo con mayor consumo de cocaina, puesto que arrebató recientemente a España. Según el semanario, que cita fuentes oficiales, la droga es remitida a unos 300 importadores que la pasan a una red de unos 30.000 distribuidores que, a su vez, cuenta con una flota de 70.000 vendedores callejeros, vulgarmente conocidos como camellos.

Los programas de lucha contra la erradicación no consiguieron reducir la producción, pero sí generaron cambios con repercusiones no previstas.

“Hasta mediados de la década de los noventa, la hoja de coca era cultivada principalmente en Perú y Bolivia, dos países que detentaban el 80% de las plantaciones mundiales de coca y que procesaban las hojas en pasta”. Trasportada en avionetas hacia la selva colombiana, era transformada en laboratorios clandestinos en cocaína. La droga era enviada desde Colombia a Estados Unidos.

La erradicación de las plantaciones en Perú y Bolivia trasladó la producción a Colombia, en territorio controlado por los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que “pasaron a organizar a los productores y a intermediar las ventas de la producción”, añade el informe. A su vez, la contraguerrilla de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (UAC) también pasaron a participar en el negocio del narcotráfico.

La lucha contra los carteles colombianos y el Plan Colombia -el mayor operativo militar financiado por Estados Unidos contra la droga y la guerrilla- fraccionó el poder de las bandas de Cali y Medellín, y el control del sistema de intermediación pasó a manos de los carteles mexicanos. De ahí el “aumento enorme de la criminalidad y la violencia asociadas al tráfico en México, con importantes ramificaciones en las instituciones públicas”, señala el informe.

Cambio de paradigma

La estrategia centrada en la represión, en opinión de la comisión, no solo no ha resuelto el problema, sino que ha creado otros nuevos. “La relación entre homicidios, armas de fuego y comercio de drogas es central. Las drogas financian las compras de armas que sustentan las guerras entre pandillas para el control de territorios y del tráfico” afirma el informe. La propuesta de la comisión está basada en tres grandes directrices: tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud pública, reducir el consumo mediante acciones de información y prevención y focalizar la represión sobre el crimen organizado. De una forma más concreta propone las siguientes medidas:

- Transformar a los adictos de compradores de drogas en el mercado ilegal en pacientes del sistema de salud. “El Estado debe crear las leyes instituciones y regulaciones que permitan que las personas que han caído en la adicción a las drogas dejen der ser compradores en el mercado ilegal para convertirse en pacientes del sistema de salud”.

- Evaluar con un enfoque de salud pública y haciendo uso de la más avanzada ciencia médica la conveniencia de discriminalizar la tenencia de marihuana para consumo personal.

- Reducir el consumo a través de campañas innovadoras de información y prevención que puedan ser comprendidas y aceptadas, en particular por la juventud, que es el mayor contingente de usuarios.

- Focalizar las estrategias represivas contra el crimen organizado.

- Reorientar las estrategias de represión al cultivo de drogas ilícitas.

Las dimensiones del desafío son tan enormes que su solución no esta sólo en manos de los dirigentes latinoamericanos. Ni la estrategia prohibicionista de Estados Unidos -el país con la mayor población carcelaria del mundo, donde el costo anual estimado de mantenimiento de un preso es de cerca de 30.000 dólares- ni la política europea de reducción de los daños de las drogas como un asunto de salud pública son soluciones definitivas.

La solución de largo plazo pasa “por la reducción de la demanda en los principales países consumidores. No se trata de buscar países culpables para tal o cual acción u omisión, pero sí de afirmar que EE UU y la Unión Europea son corresponsables de los problemas que enfrentamos en la región, pues sus mercados son los mayores consumidores de las drogas producidas en América Latina” subraya el informe.

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